El
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consiste en que toda persona tiene
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus
derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso (artículo I del Código
Procesal Civil).
Destacamos
que ello es inherente a toda persona por el solo hecho de serlo, en ese aspecto
el Estado no puede negarse a conceder la tutela jurídica a quien lo
solicite.
Ante
esto, el derecho de ejercer la tutela efectiva de los jueces y tribunales no
consiste en un derecho subjetivo de naturaleza pública, sino que es la
expresión de un postulado de la sociedad civilizada el cual busque que todas
las personas se beneficien de la justicia impartida por los órganos estales.
Según
Gonzáles Pérez, el derecho a la tutela jurisdiccional “es el derecho de toda
persona a que se le haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta
pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con
unas garantías mínimas” (GONZALES PÉREZ, 2001:33).
Asimismo,
el mismo autor añade que “el derecho a la tutela jurisdiccional despliega sus
efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso a la justicia;
segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y obtener solución en un
plazo razonable; y tercero, una vez dictada sentencia la plena efectividad de
sus pronunciamientos. Acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de la
sentencia” (GONZALES PÉREZ, 2001:57).
En
conclusión, el derecho a la tutela jurisdiccional se trata de que la persona
que lo requiera pueda acceder con éxito la asistencia jurisdiccional, en otras
palabras, el derecho a acceder al proceso judicial para alegar los hechos y las
argumentaciones jurídicas necesarias y lograr un pronunciamiento por un
tribunal a cargo de un Juez. Por otro lado, se comprende que el debido proceso
es el derecho que tiene todo sujeto de iniciar o participar en un proceso.
Ambos constituyen dos grandes pilares dentro del derecho al debido proceso, la observancia de la jurisprudencia y la competencia legalmente, la defensa en juicio, la motivación de las resoluciones judiciales y la pluralidad de la instancia.
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